Por ejemplo, según Jonatan Israel, gerente de servicios legales y tributarios de la firma, la implementación de esta norma de estándar internacional es un gran desafío y agrega que, como país estábamos, en deuda.
“Aquellas empresas que cuanto antes inicien el proceso de adaptación estarán en una posición de ventaja respecto de las otras que aún no actualizan sus programas de datos”, sostuvo el especialista. Y recomendó a las empresas revisar las bases de legalidad que les autorizan a tratar determinados datos personales. “El consentimiento deja de ser la única fuente de licitud y la correcta determinación de la base de legalidad es clave”, advirtió.
En tanto, David Ballesteros, director de consultoría de PwC, explicó que la ley impone obligaciones a las empresas de “contar con mecanismos para que los titulares de datos puedan efectivamente ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (ARCOP), siendo un cambio fundamental”.
Acerca de las multas que impone la ley, que llegan hasta 20.000 UTM, dependiendo de la gravedad de la falta, comentó son “las más altas de nuestro ordenamiento jurídico”.
Las empresas tiene, a partir de ahora, un plazo de 24 meses para ajustar sus procedimientos internos y su funcionamiento en materia de cumplimiento con las nuevas disposiciones legales.
